En el Pleno de septiembre se volvió a debatir sobre el Centro de Salud de Iruña de Oca. Con mociones reiterando la exigencia ya planteada por el Ayuntamiento de acometer la construcción del nuevo centro y, al tiempo, de que se preste un servicio de calidad a nuestros vecinos y vecinas. Vecinos que, tras los problemas detectados este último verano, han hecho llegar sus quejas al Ayuntamiento y que están siendo trasladadas a Osakidetza. Quejas que se centran en la falta de sustitución y de cobertura estable de las plazas médicas. En las dificultades y demoras para obtener atención y citas. Que lamentan la necesidad de desplazarse a otros centros para recibir asistencia. Que denuncian la sobrecarga del personal que permanece prestando servicio. Que muestran preocupación por la reducción o inestabilidad de los horarios de atención. Y que piden que se garantice una dotación médica suficiente y estable en el Centro de Salud.
Problemas a los que aún no se ha dado una solución definitiva por parte de Osakidetza como tampoco respecto a la fecha en la que se abordará la construcción del nuevo centro de Salud. Sorprende por tanto que el PNV se descolgase con una propuesta de crear una Comisión y una Mesa de Salud, a siete meses de las Elecciones Municipales, cuando podría ejercer una mayor presión sobre su propio partido para solucionar en primer lugar los problemas y las carencias ya conocidas. No es momento de crear nuevos órganos de debate, sino de obtener respuestas y soluciones concretas. El debate no debe desviarse hacia la creación de estructuras municipales que carecen de capacidad ejecutiva para resolver los problemas asistenciales, porque lo que necesitan los vecinos es que se garanticen las consultas, se cubran las ausencias de profesionales y se conozca cuando comenzará la construcción del nuevo centro de salud.
Ordenanzas fiscales.
Además, el Pleno aprobó, sin el apoyo de los partidos de la derecha municipal, la modificación de las ordenanzas fiscales y de las tasas y precios públicos. Para este ejercicio, nuestra propuesta es clara: actualizar conforme al IPC, con una subida del 2,9 %, para mantener la capacidad económica municipal y, al tiempo, mantener las bonificaciones existentes para seguir protegiendo aquellas situaciones familiares, económicas, sociales y medioambientales que ya contempla nuestra normativa.
En definitiva, se trata de buscar un equilibrio entre dos responsabilidades: garantizar que el Ayuntamiento pueda seguir financiando y prestando correctamente sus servicios, y procurar que esa financiación municipal tenga en cuenta las circunstancias de las personas que más pueden necesitarlo.
No estamos planteando un cambio de modelo fiscal, ni una modificación general de las bonificaciones que existen actualmente. Lo que planteamos es actualizar las cantidades para evitar que, año tras año, los ingresos municipales pierdan capacidad real como consecuencia del incremento de los costes.
Todos conocemos lo que ha ocurrido en los últimos años con los precios. También el Ayuntamiento soporta incrementos en energía, mantenimiento, contratos, materiales, suministros, personal y prestación de servicios. Si los costes suben y los ingresos municipales permanecen congelados indefinidamente, cada año tenemos menos capacidad para prestar los mismos servicios.
Pero hay una segunda parte de la propuesta que es igual de importante: se mantienen las bonificaciones que ya tenemos aprobadas. Porque entendemos que una cosa es actualizar los ingresos municipales conforme a la evolución de los precios y otra muy diferente dejar de tener en cuenta las circunstancias económicas, familiares o sociales de nuestros vecinos y vecinas.
Las ordenanzas municipales ya tienen en Iruña de Oca un sistema importante de bonificaciones. En el IBI, por ejemplo, la actualización del impuesto no significa olvidarnos de quien tiene una situación económica o familiar que merece una protección específica. En el caso del impuesto de vehículos ocurre exactamente lo mismo. También aquí estamos diferenciando situaciones. O en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) por ejemplo, las obras destinadas a mejorar la accesibilidad y habitabilidad tienen una bonificación del 90 %. Existen también bonificaciones para personas mayores de 65 años que realizan determinadas obras de adaptación en su vivienda, vinculadas a su nivel de renta.
En resumen, familias numerosas, personas con menores ingresos, vivienda protegida y social, eficiencia energética, vehículos menos contaminantes, obras de accesibilidad, personas mayores o transmisiones hereditarias entre familiares directos cuentan ya con mecanismos de reducción en nuestras ordenanzas.
Nuestro partido considera que ese equilibrio es importante. El Ayuntamiento necesita recursos suficientes para mantener los servicios que presta. Pero al mismo tiempo debemos intentar que la fiscalidad municipal tenga en cuenta las situaciones de quienes pueden necesitar una mayor protección.
