El Ayuntamiento de Iruña de Oca aprobó en el pleno ordinario de octubre las bases del programa de apoyo al comercio en el municipio, que se pondrá en marcha en el último trimestre del año y al que se destinará una partida presupuestaria de 20.000 euros.
El Ayuntamiento de Iruña de Oca es consciente de que el comercio de proximidad tiene una gran importancia como motor económico y social, contribuyendo a la consolidación de un tejido sectorial sólido, capaz de crear empleo, constituyendo uno de los ejes del desarrollo local más importantes. Con la convocatoria de esta campaña se pretende intensificar la actividad económica en Iruña de Oca, mediante la promoción del consumo, a través del fomento del comercio de proximidad. El sistema de incentivo y estímulo se aplicará en todo el municipio mediante bonos descuento a disposición de los ciudadanos en establecimientos comerciales, de servicios y del sector de la hostelería.
La campaña funcionará a través de la emisión de un bono-descuento con un valor de 6 euros que podrá utilizar realizando una compra mínima de 10 euros en los establecimientos que se adhieran a la campaña.
Podrán adherirse a la iniciativa todas las personas físicas y jurídicas con domicilio fiscal o establecimiento físico en Iruña de Oca, mientras que los consumidores deberán ser mayores de 18 años y estar empadronados en el municipio. El plazo para que los establecimientos soliciten su adhesión a la campaña finalizará el día 15 de noviembre de 2025, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.
Los bonos de compra deberán adquirirse tanto de forma online (a través de la plataforma Kcerca Iruña) como presencialmente. Efectivamente, para los ciudadanos mayores de 60 años o que se encuentren afectados por la llamada brecha digital se establece la posibilidad de atención presencial acudiendo a las dependencias municipales en horario y plazos que se fijarán oportunamente y se publicarán en la página web municipal.
La propuesta salió adelante con el apoyo de los representantes de PSE, EH Bildu y PNV, aunque el portavoz de la formación nacionalista reclamó que todas las personas puedan recibir su bono-comercio físico independientemente de su edad, que se excluya a las PYMES de más de 10 trabajadores de los establecimientos adheridos y que se rebaje la edad para que los vecinos y vecinas puedan optar al bono hasta los 14 años. Por su parte, los dos concejales del PP se abstuvieron en la votación.
Asimismo, en la sesión quedó aprobada la prórroga del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Asociación de Bonsái de Álava/Arabako Bonsai Elkartea para el mantenimiento, la conservación y la promoción del espacio dedicado a los bonsáis dentro del Jardín Botánico de Santa Catalina.
El convenio original fue aprobado en noviembre de 2024 y en él se establece una vigencia de cuatro años, aunque las prórrogas deben ser anuales por lo que se ratificó esta decisión que asegura la continuidad de la exposición de bonsáis, uno de los principales atractivos del Botánico de Santa Catalina.
En otro punto del orden del día, quedó aprobada la constitución de la Entidad de Conservación del sector 2 del Polígono Industrial de San José de los Llanos para la gestión y mantenimiento de esta área industrial del municipio y los grupos aprobaron también por unanimidad la modificación de la RPT para la provisión del puesto de secretario-interventor.
Mociones
Posteriormente, se debatió una moción presentada por el Partido Popular en la que se reclamaba que el Ayuntamiento asuma el compromiso de crear una mesa de trabajo en el plazo de dos meses, garantizando la participación activa de todas las partes implicadas, para la reapertura del circuito de Vayagüen. El objetivo, para el Partido Popular, sería el promover además “el desarrollo del deporte del motor en condiciones de seguridad, sostenibilidad y excelencia”. El grupo municipal del PP contó con el apoyo de los concejales del PNV que consideraron el proyecto “de interés social para el municipio” y proponían “elaborar un cronograma con hitos y plazos que permita avanzar de manera ordenada hacia la reapertura del circuito” y con el objetivo de “dotar al proceso de mayor claridad y de favorecer la coordinación entre todas las partes”.
La moción contó con el rechazo de los representantes del PSE-EE, cuyo portavoz defendió la vigencia de la moción aprobada en 2023 que apelaba a que “la institución propietaria del terreno, la Junta Administrativa de Nanclares, y los colectivos implicados en el desarrollo de la actividad en cuestión lleven a cabo los trámites legales y administrativos necesarios para permitir que la actividad del futuro circuito de motociclismo cuente con la licencia municipal oportuna”. Por su parte, EH Bildu criticó la moción al asegurar que “nunca ha habido un circuito legal en Iruña de Oca. Se ha tratado de una actividad ilegal, que ha puesto en peligro la seguridad de vecinos del municipio, en la que se han vertido toneladas de tierra sin permiso y se ha secuestrado un bien patrimonial”.
En la votación, PP y PNV sumaron sus cinco votos a favor, mientras que los cuatro ediles del PSE-EE y el de EH Bildu presentes en la sesión se posicionaron en contra, por lo que la moción fue rechazada con el voto de calidad del alcalde.
Posteriormente, se debatió una propuesta del PNV para expresar el rechazo a los ataques y amenazas contra la Ertzaintza, las policías locales y representantes públicos ocurridos en las últimas fechas, así como en favor de la convivencia y el fin de las conductas amenazantes. La moción fue aprobada con los votos a favor de PNV, PSE-EE y PP, mientras que EH Bildu mostró su rechazo al señalar que “se están utilizando los sucesos ocurridos para criminalizar y menospreciar la opinión pública y la libertad de expresión sobre el modelo de policía actual”.
Finalmente, el grupo nacionalista presentó una nueva moción en la que se condenaba el genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra la población civil palestina en Gaza y se exigía, entre otras cosas, un alto el fuego inmediato y permanente en la zona y el respeto pleno del derecho internacional humanitario, las resoluciones internacionales y a los Derechos Humanos. La propuesta salió adelante únicamente con los votos favorables de los ediles del PNV y la abstención del resto de grupos.
Tanto el grupo socialista como el de EH Bildu habían propuesto como alternativa asumir la moción que, con similar contenido, fue aprobada el pasado mes de junio en el Parlamento vasco.