En Iruña de Oca tenemos, desde hace unos días, una historia digna de una tragicomedia. Resulta que quienes han estado diversos años funcionando sin una sola licencia municipal —ni de actividad ni de apertura— han decidido ofenderse. Sí, ofenderse. Y no solo eso: ahora pretenden denunciar a este concejal por haber tenido la osadía, la temeridad, la indecible insolencia de… decir la verdad en un pleno.

Pido disculpas por el sarcasmo, pero es que la situación se presta sola.

A estas alturas ya no sabemos si estamos ante un caso de desconocimiento absoluto del funcionamiento de un Ayuntamiento, o ante algo más grave: la convicción de que la ciudadanía es ingenua y no va a comprobar nada. Que basta con repetir “tenemos todos los permisos” para que los expedientes municipales —once años de ellos— desaparezcan por arte de magia.

Pero por desgracia para quienes juegan a ese truco, las licencias no se materializan por voluntad divina. Y en este Ayuntamiento no hay rastro, sombra, pista ni indicio de nada que se parezca mínimamente a una licencia municipal. Ni de actividad, ni de apertura, ni de nada.

Lo que sí tenemos —y en abundancia— son requerimientos incumplidos. Desde 2014.
Proyectos que nunca se presentaron.
Informes sectoriales que jamás llegaron.
Un estudio exigido que nadie entregó.
Una orden de cierre que sigue vigente.
Y, por supuesto, miles de toneladas de tierra vertidas sin un triste permiso, alterando el terreno como si fuera el patio de su casa. Eso sí que existe. Eso sí que está documentado. Eso no es imaginario.

Y ahora, con toda esa mochila a cuestas, algunos deciden emprender acciones legales contra mí por haberlo dicho en voz alta. En un pleno. Ante los vecinos. Con la documentación municipal encima de la mesa. Debe de ser que lo ilegal no es incumplir la ley, sino mencionarlo.

La parte más fascinante de este episodio es la seguridad con la que aseguran tener “todos los papeles”.
¿Todos? ¿En serio?
¿Dónde? ¿En qué cajón místico se guardan esas licencias invisibles?
¿En qué universo paralelo valen más un contrato privado y un seguro que las licencias municipales obligatorias?

Puesto que aquí, en el universo real, los seguros no sustituyen los permisos, y los contratos de alquiler no legalizan circuitos.

Entiendo que haya personas que prefieran vivir en ese mundo alternativo, donde basta con decir “todo está en regla” para que así sea. Pero en el Ayuntamiento de Iruña de Oca vivimos en el mundo de los hechos. De las normativas. De los expedientes. Y los expedientes son muy claros: llevan diez años diciendo lo mismo. Y lo más cómico-irritante de todo es que cualquiera puede comprobarlo.

De hecho, aprovecho este artículo para invitar a cualquier vecino o vecina —sin excepción— a pasarse por el Ayuntamiento, acudir a Secretaría y preguntar directamente:
“¿Tiene ACR Eskegi licencia de actividad? ¿Tiene licencia de apertura? ¿Tienen algún informe sectorial? ¿Han cumplido los requerimientos? ¿Han retirado los vertidos?”
Les aseguro que la realidad es más contundente que cualquier artículo, discurso o denuncia.

Porque esto no trata de motocross —un deporte que defendemos y queremos ver prosperar en condiciones legales—. Esto trata de algo mucho más básico: el respeto a la ciudadanía y a la inteligencia colectiva del municipio.
Trata de no confundir a los vecinos.
Trata de no intentar asustar a un concejal para que mire hacia otro lado.
Trata de no convertir una década de irregularidades en un pleito artificial para desviar la atención.

Si alguien espera que yo pida perdón por decir la verdad, puede esperar sentado.
Y si alguien cree que con amenazas conseguirá que un cargo público deje de denunciar ilegalidades, que sepa que este concejal no se mueve ni un milímetro. Ni uno.

La legalidad no es negociable.
La verdad tampoco.